fbpx

El gobierno presentará el próximo 24 de mayo un proyecto para dar un marco regulatorio y fomentar la industria del cannabis medicinal. El texto elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que dirige Matías Kulfas se expondrá en el Consejo Económico y Social (CES) ante consejeros, legisladores, académicos, gobernadores y representantes del sector. Luego, la iniciativa sería enviada al Congreso para su debate.

  La diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos, dijo que el proyecto busca establecer un marco de regulación para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal e incentivar el desarrollo de pymes y cooperativas. “Servirá para dar un marco regulatorio para que la industria del cannabis con fines medicinales pueda comercializar sus productos dentro del país”.

  Gallard aclaró que “esto es independientemente de la aprobación de la ley de cultivo de cannabis con fines medicinales. Soy autora de un proyecto de desarrollo de la industria del cannabis con fines medicinales y del cáñamo industrial; luego que lo presente Kulfas será enviado al Congreso para su debate”.

   El 28 de abril el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Instituto Nacional de la Semilla (Inase) habilitaron la inscripción y el registro de cultivares de cannabis, así como su comercialización con fines medicinales.

  La Cámara Argentina de Cannabis había asegurado que esa resolución posibilitaba la inscripción y el registro de semillas de variedades de cannabis tanto locales como extranjeras en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares del Inase.

  El negocio del cannabis crece de forma exponencial en todo el mundo y Argentina quiere formar parte. En el país existen varios proyectos productivos relacionados exclusivamente a la industria del cannabis para uso medicinal.

Según un punteo hecho por Infobae, el caso más difundido es el de Cannava, la empresa estatal jujeña creada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, y comandada por su hijo Gastón. También existen otros emprendimientos 100% públicos, como los que llevan adelante las provincias de Misiones y San Juan; empresas mixtas, como la del gobierno de La Rioja o la Municipalidad de San Pedro (provincia de Buenos Aires), iniciativas como las de la agrupación cannábica Ciencia Sativa en conjunto con el INTA Río Negro; o totalmente privadas, como las de la Droguería ABP o Pampa Hemp, sector que seguramente “invada” el territorio una vez que la ley se apruebe.

  Se estima que el proyecto de ley que presentará Kulfas contemplará el cultivo, procesamiento, transporte, venta y utilizacio?n (incluyendo fines de investigacio?n) con variedades producidas que tengan un contenido de THC por debajo de un cierto umbral que no permita el consumo adulto o “recreativo”, directamente ligado a la ley de drogas vigente y cuya modificación sigue siendo una deuda de todos los gobiernos. En Estados Unidos, por caso, se permite a nivel federal el desarrollo de esta industria pero con hasta 0,3% de THC.

  Una ley de estas características habilitaría a emprendedores privados, empresas y organismos públicos, instituciones del sistema de salud y universidades y centros de investigación a que puedan explorar las posibilidades tecnológicas, productivas y comerciales de la planta (prohibida en 1936 en Estados Unidos y luego en el mundo, pero con un uso ancestral) para desarrollos innovadores y el mercado nacional e internacional.

  Según Infobae, que accedió a fuentes del gobierno, probablemente el Estado conforme un ente de regulación que otorgue licencias para tal fin, tomando los modelos regulatorios de otros países, como Uruguay, Colombia o Canadá, pero esa información aún no trascendió. Desde el gobierno, en especial con la iniciativa de Gaillard, se piensa en una nueva ley de uso medicinal que reemplace a la actual 27.350, que no cubre todas las necesidades de los usuarios y productores. Esta podría ser la oportunidad.

  El uso del cannabis “no recreativo” en Argentina es cada más más expansivo. Con una regulación de la industria, podrían fabricarse y comercializarse todo tipo de productos hechos a base de esta planta: desde cremas y jabones hasta textiles, bebidas, alimentos, autopartes, cosméticos, materiales de construcción, bioplástico o biocombustibles, entre muchos otros.

  Según una estimación básica contemplada en el trabajo hecho por López y Gómez Roca, el negocio de la industria del cannabis podría tener un movimiento solo dentro del mercado interno de 450 millones de dólares en el corto o mediano plazo.

  La primera semilla de esta idea del gobierno la puso la diputada oficialista Mara Brawer en octubre pasado, cuando presentó en el Congreso un proyecto de ley firmado junto a otros legisladores con este mismo fin. En aquel momento, Brawer aseguró que “este proyecto busca posicionar a la Argentina como uno de los países productores de cáñamo industrial, aprovechando sus múltiples utilidades para producir bienes textiles, aceites con alto contenido en ácidos grasos esenciales como omega 3, 6 y 9, bioetanol y celulosa de papel entre otras. Esta industria tiene la capacidad de adicionar valor agregado en diferentes eslabones productivos y generar empleo genuino en el ámbito agropecuario”.

  Otro indicio del impulso oficial a esta industria fue la resolución que firmaron de manera conjunta semanas atrás la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su par de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, que permitirá la inscripción de semillas (germoplasma) de “la especie Cannabis sativa L.” para el uso medicinal y de investigación en el Registro Nacional de Cultivares y/o el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.

  La resolución también lleva la firma del presidente del Inase, Joaquín Serrano, y permitirá avanzar en la estandarización de las genéticas obtenidas y someterlas a certificaciones nacionales para su uso como insumos en la producción de cultivos controlados dentro del Registro Nacional de Cannabis (Reprocann), “lo cual tendrá efectos en la seguridad y calidad de los productos utilizados en el ámbito medicinal, además de evitar el mercado ilegal”, aseguraron en el gobierno.

“El Estado cambió su mirada y contribuimos a solucionarle la vida a familias con una problemática de salud”, destacó Vizzotti.

Fuente: La Capital / Infobae